La abogada de la Tierra cambió de paisaje

El pasado domingo 21 de abril nos dejó Polly Higgins, más conocida como la abogada de la Tierra, por ser una de la mayores activistas y expertas en protección del medioambiente. No pudo superar un cáncer agresivo diagnosticado hace poco más de un mes, pero nos deja un gran legado y una tarea pendiente por culminar.

Hace años decidió colgar la toga para desarrollar una rama del Derecho en la que creía firmemente: el derecho medioambiental. Todo en su vida giraba en torno a la defensa de la naturaleza. Sus libros, sus conferencias y el trabajo de su organización dan buena cuenta de ello.

Uno de los hitos de Polly Higgins fue definir y proponer la tipificación de lo que debe ser, y algún día será, un nuevo crimen internacional: el ecocidio. Se trata de “la pérdida, el daño o la destrucción extensa del ecosistema o ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, hasta un punto tal que el disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio se vea -o se verá- gravemente menoscabado”.

En definitiva, y siguiendo una denominación parecida al genocidio como crimen internacional por el que se destruye en todo o en parte a un grupo por razón de religión, nacionalidad, etnia o raza; el ecocidio representa la destrucción grave de un ecosistema.

Su construcción no es caprichosa; parte ya del crimen de guerra medioambiental recogido en el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra (artículo 35.3). También de trabajos preparatorios de Naciones Unidas, entre ellos, los del Estatuto de Roma. Polly comprendía que la persecución de los delitos medioambientales en tiempo de guerra, tal y como venían recogidos por el derecho internacional eran insuficientes para hacer frente a semejante crimen.

Por un lado era necesario que se cometiesen en el contexto de un conflicto armado, por otro sus requisitos cumulativos eran tantos (que se pruebe que los daños son extensos, duraderos y graves) que difícilmente se podría poner en práctica. Esto queda evidenciado por la poca jurisprudencia internacional que se ha ocupado de esta materia. Es evidente que la actual regulación internacional está lejos de ser suficiente. Es necesario criminalizar el ecocidio.

Hasta sus últimos momentos no perdió la esperanza, la ilusión y la fuerza por vencer a las injusticias y por dejar un andamiaje jurídico sólido y estable que sirviese para salvaguardar un lugar por el que ya no transitaría más: la Tierra, pero en la que permanecerá siempre y por ello, ahora, ella será también defendida como parte de la misma por todos quienes nos sumamos a su causa.

Prensa Funcamama

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